Que el Poder Judicial necesita de una
reforma nadie en su sano juicio puede dudarlo.
Con sólo escuchar la conversaciones
que tenemos los abogados en las calles y bares aledaños para darse
cuenta que los jueces de la nación son una rara mezcla de autistas y
miedosos, si tomo una mirada generosa para con ellos.
Se cuentan por cientos las historias de
los jueces que parece que no tienen que alimentar a sus hijos, o
que no comprenden como se gestiona un patrimonio ajeno de modo
legítimo y eficaz, o lo que es aún peor toman medidas cautelares
que duran eternidades, y no hablo de Clarín y La Nación, pero que
luego no intiman al beneficiario para que fundamente su supuesto
derecho ya garantizado.
Ellos, los jueces, quieren ser
independientes.
Independientes del Poder político? No.
No es verdad.
Independientes del Poder Económico?
No. Tampoco es cierto.
Independientes de qué?
Quieren ser independientes del Poder
Político para que no les ausculten sus acciones profesionales y
personales.
Quieren ser Independientes del Poder
Económico para hacerle sentir a los dueños de la guita que
todavía hay alguien que es capaz de ponerlos nerviosos, y con ello
obtener alguna prebenda.
Viajes, Becas, Cátedras, Conferencias
son el precio menor y ético a obtener.
Fundamentalmente quieren ser
independientes de la sociedad en la que viven, que no les puede
demandar el cumplimiento de sus obligaciones plazos, contenidos, actos de justicia, pago de impuestos, etc.
Una sociedad que los percibe como pertenecientes a un sistema absolutamente ineficaz para proveer a
la paz social.
Se conciben a si mismos como “contrapoder”
constitucional.
Concepción que data del S. XVI al XX,
acuñada en la resistencia republicana al poder del Rey y del Estado
Nacional en una etapa histórica en la que ambas categorías, a su
tiempo, eran el poder dominante.
Pero los siglos, y las categorías también,
pasaron y se formaron nuevos poderes que deben ser contenidos
mediante la actuación de nuevos “contrapoderes”.
Estamos en la era de la concentración
económica y de las corporaciones integradas vertical y
horizontalmente en territorios supranacionales, y es esta
modificación de la realidad que impone nuevas formas de gobierno y de
administración de justicia.
EL Poder Judicial decimonónico ha
sido, en el mejor de los casos, vencido, y en el peor, corrompido por
el poder corporativo económico.
Frente a esto, los estamentos
judiciales y las asociaciones profesionales de abogados propenden a
defender privilegios establecidos es la costumbre y la interpretación
de las leyes pero que no tienen rango constitucional ni son “per
sé” inmodificables.
Con esa postura o único que han hecho
es favorecer la existencia de estamentos y fueros personales que se
dan de patadas con la el espíritu republicano y, fundamentalmente y
el sentido democrático de la Constitucional Nacional, fundado en la
soberanía popular expresada a traves del voto, universal, secreto y
obligatorio de los ciudadanos.
Cuestionar la Ley del Concejo de la
Magistratura ha sido el deporte preferido de algunos jueces y
abogados de los colegios públicos y privados de la república que
dicen defender.
Pero a la hora de fijar cuotas
alimentarias, intervenir sociedades comerciales, designar
interventores recaudadores, establecer montos indeminizatorios, fijar
honorarios profesionales, decretar embargos o decidir penas o
libertades personales, lo hacen como si no alimentaran hijos, no
fuera necesario continuar con la actividad comercial normal, pagaran
de su peculio los honorarios o las indemnizaciones, fijaran la
libertad de hermano y la cárcel del asesino de su hijo.
Este es el Poder Judicial que hay que
modificar, no ese que se percibe a si mismo impoluto, eficaz y libre de tomar decisiones arriesgadas pero en defensa de los derechos de los ciudadanos.
